Refugiados de Venezuela huyen a ciudades latinoamericanas, no a campos de refugiados

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Robert Muggah, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio)

(THE CONVERSATION) Más de 2.3 millones de venezolanos – alrededor del 7 por ciento de la población total – huyeron de la crisis política y económica del país desde el 2014, considerado este el mayor desplazamiento humano en la historia de América Latina.

A principios de este año, un total de 5.000 venezolanos cruzaban la frontera cada día. La mayoría de estos migrantes buscan refugio en ciudades y pueblos pobres de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Surgen campamentos de refugiados improvisados en las ciudades de Sudamérica, lo que provoca un temor de que los campos se conviertan en ghettos permanentes.

América Latina no es la única región donde las ciudades luchan para hacer frente a la migración masiva, poblaciones que en el pasado habrían sido alojadas en campos de refugiados.

Los migrantes prefieren las ciudades a los campos

Los refugiados urbanos son un fenómeno creciente.

Según un informe reciente del Consejo Mundial de Refugiados, del cual soy coautor, cientos de ciudades en todo el mundo se ven abrumadas por la afluencia de personas que huyen de conflictos en Siria, Myanmar, Sudán y otros países.

Desde el desplazamiento global masivo que siguió la Segunda Guerra Mundial – y particularmente después de la guerra civil de Biafra, en Nigeria en 1967 – las organizaciones de asistencia humanitaria han alojado principalmente a refugiados en campamentos rurales, donde se les proporciona comida, refugio, tramites legales, educación y atención médica.

Sin embargo, de tener la posibilidad, los refugiados generalmente prefieren reubicarse en las ciudades, ya que ahí se les aportan mejores oportunidades de volver a construir sus vidas.

Pero, cuando llegan demasiados refugiados al mismo tiempo, puede crear una serie de retos para los funcionarios municipales. Con frecuencia, los refugiados llegan indigentes, con necesidad urgente de vivienda, alimentos, educación y capacitación.

Sin embargo, ni la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 ni tampoco su Protocolo suplementario de 1967 se refiere al tema de los refugiados urbanos, mucho menos define las funciones y responsabilidades específicas de los funcionarios municipales para atender a los migrantes.

Aunque el plan estratégico actual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoce que los refugiados se están mudando a las ciudades cada vez más, ofrece pocas recomendaciones para ayudar a las ciudades a prestarles servicio.

En la actualidad, unos 17,5 millones de personas, alrededor del 70 por ciento de los refugiados a nivel mundial, viven en áreas urbanas, según el ACNUR.

Barreras políticas

El ACNUR emitió su primera declaración de política oficial sobre los refugiados urbanos en 1997.

En esa época, así como ahora, había una gran preocupación que el aumentar los servicios migratorios municipales podría canalizar a los refugiados a las ciudades en vez de a los campamentos rurales. Como resultado, la agencia de la ONU promovió un modelo de “autosuficiencia” para los migrantes urbanos.

En la práctica, eso significa que los refugiados y otros inmigrantes que terminan en una ciudad deben hacerse la vida ellos mismos. Algunos tienen suficiente dinero como para alquilar apartamentos. Otros se quedan con familiares y amigos. Muchos terminan en la calle.

El status de indocumentados lo hace difícil que los refugiados sean autosuficientes. Se les niega a millones de refugiados y solicitantes de asilo que viven en ciudades de Tailandia, Jordania y Kenia permisos de trabajo, y esto los empuja hacia empleos mal remunerados en el sector informal. Pocos tiene acceso a educación formal o a servicios de salud.

Algunas ciudades han adoptado una estrategia más activa hacia sus residentes refugiados e inmigrantes, aunque no siempre exitoso.

En Calais, Francia, miles de inmigrantes y refugiados de Siria y del norte de África fueron enviados a un campamento ubicado en un antiguo vertedero, donde fueron atendidos por organizaciones benéficas.

Pero la “Jungla de Calais”, como se conocía el escuálido campamento, carecía de saneamiento adecuado y las enfermedades se propagaron con rapidez. Más de 6.400 residentes fueron expulsados en el 2016.

La respuesta incoherente a los migrantes recién llegados – y la alta visibilidad de quienes terminan “acampados” en plazas – está fomentando el descontento de los vecinos, que consideran que el gobierno municipal va gastando sus escasos recursos en servicios para refugiados.

Las ciudades toman iniciativas

Resistencia política explica por que la ONU ha sido lenta en abordar la crisis de refugiados urbanos. Ha enfrentado una inmensa presión por los estados miembros para seguir construyendo y administrando campamentos rurales en lugar de ayudar a los refugiados a integrarse en las ciudades.

Los políticos de derecha de todo el mundo, desde Uganda y Nepal a EEUU y Colombia describen a las personas desplazadas como una amenaza a la seguridad nacional.

Pero parece que esto esté empezando a cambiar.

En el 2015, después de un flujo enorme de refugiados del Medio Oriente y África del Norte, una red de fundaciones y 50 ciudades europeas – incluyendo Barcelona, Frankfurt y Rotterdam – crearon “Ciudades Solidarias”. Estas trabajan juntas para ofrecer alojamiento y otros servicios urgentes a los recién llegados y, con el tiempo, integrarlos a la vida de la ciudad.

El año pasado, la Organización Internacional para las Migraciones y United Cities, grupo que promueve propósitos comunitarios, trabajó con los gobiernos locales de 150 ciudades de todo el mundo para firmar una declaración sobre los derechos de los refugiados urbanos.

Estos afirmaron que los refugiados pueden “aportar importantes contribuciones sociales, económicas y culturales al desarrollo urbano” y llamaron a las organizaciones internacionales y a los gobiernos nacionales para que apoyaran política y financieramente a las ciudades para atender a los inmigrantes.

En EEUU, muchas ciudades han respondido a la campaña represiva contra la inmigración del presidente Donald Trump al declararse públicamente como “ciudades de bienvenida” para refugiados y quienes solicitan asilo.

Otras 500 ciudades estadounidenses – incluyendo Chicago, Los Ángeles y Nueva York han ido más lejos, considerándose “santuarios” en que los inmigrantes indocumentados y los refugiados pueden buscar protección de las autoridades federales de inmigración.

Intensa reacción en Brasil

Hasta el momento, los inmigrantes venezolanos no han recibido tal bienvenida en Sudamérica.

En Brasil, que ha recibido alrededor de 56.000 inmigrantes venezolanos y solicitantes de asilo desde el 2015, algunas ciudades han demostrado de forma intransigente que no están preparadas para recibirlos.

Solo unos pocos cientos de venezolanos han buscado asilo en São Paulo, la ciudad más grande de Brasil. Pero hasta esta adinerada metrópolis de 21 millones de habitantes no es capaz de brindarles servicios básicos como empleo, comida y otros servicios.

En las ciudades brasileñas fronterizas, que son más pequeñas, la afluencia es abrumadora. Los funcionarios han apelado a los militares y grupos internacionales de ayuda para establecer refugios de emergencia para inmigrantes.

Boa Vista, ubicada a 200 kilómetros de Venezuela, tiene una población de 266.000 habitantes. Los venezolanos la han aumentado en 10 por ciento.

Según las autoridades del estado de Roraima, asistencia a las clínicas de salud aumentaron un 6.500 por ciento el año pasado pues. Muchos refugiados venezolanos llegan sufriendo deshidratación, desnutrición y otras condiciones mésixA.

El índice de criminalidad también ha subido en Roraima, 132 por ciento desde el 2015, aumento que los funcionarios atribuyen a los migrantes.

El sentimiento antimigrante en la frontera brasileña está creciendo.

En algunas ciudades fronterizas, los funcionarios locales requieren ahora pasaportes y permisos especiales para acceder a los servicios públicos. Otros han creado baños segregados para inmigrantes.

Una iracunda muchedumbre de brasileños echó a 50 venezolanos de Mucajai en marzo.

En agosto, el estado de Roraima cerró su frontera con Venezuela, aunque la Corte Suprema de Brasil la ordenó abrirse 15 horas después.

Ese mes, un migrante venezolano acusado de robo fue asesinado en la ciudad brasileña de Paracaima. Apuñalaron y dispararon a otro venezolano hasta matarlo en Rorainópolis, un municipio del estado de Roraima.

El ejército brasileño se desplegó hacia la frontera para mantener la paz.

Ventaja comparativa en las ciudades

A pesar de estos retos, en realidad las ciudades están bien situadas para ayudar a los refugiados.

Los funcionarios municipales operan en la práctica: recolectan basura, proporcionan agua potable, administran la atención de salud pública, crean viviendas y construyen calles – exactamente los servicios que se necesitan los migrantes.

Pero las ciudades más pobres de América del Sur necesitarán apoyo económico nacional e internacional para satisfacer las necesidades de estos nuevos residentes.

Las ciudades no pueden cambiar las leyes nacionales de migración para darles la bienvenida a los refugiados. Pero con un poco de ayuda – y mucho menos obstaculización – son capaces de ofrecer a los migrantes la protección básica que necesitan.

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